Francisco pasó casi tres días después de fallecer encerrado en un cuarto de su casa pese a haber muerto por COVID-19.
Por: La Rata.
Durante casi tres días el cadáver de Francisco, víctima de la COVID-19, estuvo encerrado en un cuarto de su casa; su familia convivió con él hasta que a través de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos las autoridades acudieron a llevárselo.
Francisco falleció el pasado domingo 27 de septiembre, debido a las complicaciones causadas por el SARS-CoV-2 que contrajo en el Hospital Central de San Luis Potosí, en donde era tratado por cáncer de próstata y lesión renal aguda desde finales del mes de agosto.
Al tener mejoría, Francisco fue dado de alta y enviado a su casa ubicada en el municipio de Santa María del Río, en San Luis Potosí, con una neumonía estable, sin embargo falleció.
Sus hermanas, de escasos recursos, acudieron entonces a diversas instancias, a la administración municipal, a la delegación de la FGR y al Ejército pero ninguna instancia les orientó sobre el camino a seguir para conseguir que el cuerpo de su familiar fuera dispuesto de acuerdo con los protocolos sanitarios en la materia.
Hasta el día 29 de septiembre, dos días después del fallecimiento, la familia dio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) e interpuso una queja con número de expediente DQCA-0143/2020, ahí relataron que no contaban con los más de 10 mil pesos necesarios para el servicio funerario, además de que aún no se emitía una acta de defunción para dar inicio al trámite de inhumación.
Al día siguiente, una funeraria acudió a levantar el cadáver de Francisco, 65 horas después de su fallecimiento. Ese mismo día, más temprano, fue emitida el acta de defunción, como causa de muerte dictaminaron “neumonía por SARS-CoV-2, cáncer de próstata y lesión renal aguda”, sin que haya acudido personal médico legista a realizar la certificación.
El personal de la funeraria, llegó al sitio ataviado con overol forense, guantes de látex, cubre bocas, traían un féretro para colocar ahí el cuerpo de Francisco, mientras la familia les esperaba protegidos solo con su cubre bocas y las medidas sanitarias básicas.
Enrique Lucio Dávila, sobrino de Francisco, señaló que fue inhumano mantener el cadáver de su tío durante casi 72 horas en la vivienda en donde pasó las últimas horas.
De acuerdo con los Lineamientos del manejo general masivo de cadáveres COVID-19, publicado por el gobierno federal, en caso de que la muerte ocurra en casa y se tenga sospecha o confirmación de que la causa de la muerte fue a causa del COVID-19, deben ser las Fiscalías Estatales o funerarias con servicio de médico legista para acudir al domicilio y certificar las causas de muerte, a partir de esto se pueden iniciar los trámites funerarios. Así como que los cuerpos cuya muerte fue causada por COVID-19 deben ser inhumados o enviados a cremación de forma inmediata.
Aurora Espinoza, hermana de Francisco, recomendó a las personas que pasan por un caso así, que llegue hasta las últimas consecuencias, “si uno no se pone las pilas y exige que hagan lo que les corresponde, no lo van a hacer (las autoridades)”.
También se consideró víctima de abuso y arbitrariedad por parte de las autoridades “incompetentes”, mismas que dijo, pusieron trabas para resolver su situación.
Finalmente, a casi tres semanas de lo ocurrido, Francisco reposa en su última morada, fue el ayuntamiento de Santa María del Río el que asumió los gastos funerarios, de acuerdo con la información que con la que se cuenta.
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