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El Pato Merlín en la mañanera: Cuando la viralidad desplaza las crisis nacionales

En un país donde las desapariciones ascienden a 134,257 personas desde 2006 hasta la actualidad, vale la pena preguntarnos: ¿qué significa realmente para el pueblo mexicano la presencia de un pato en una de las tribunas políticas más importantes del país?



Por: La antropóloga errante


De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2026, publicado por la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la desaparición de personas aumentó un 4.83 % de 2025 a 2026. Lejos de tratarse de hechos aislados, la desaparición en México constituye una práctica generalizada y sistemática que se sostiene en patrones de corrupción institucional, omisión gubernamental, impunidad y constantes violaciones a los derechos humanos. A ello se suma la revictimización que enfrentan diariamente quienes buscan a sus familiares en un país que parece acostumbrarse a convivir con la tragedia.


Las mañaneras surgieron como un espacio destinado a informar a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno, presentar políticas públicas y ejercer el derecho de réplica frente a los medios de comunicación. En teoría, se trata de un ejercicio de rendición de cuentas y diálogo con el pueblo, sin embargo, resulta inevitable cuestionar el rumbo de estos espacios cuando la agenda pública parece ceder terreno a fenómenos virales surgidos de internet.


La reciente aparición del llamado "Pato Merlín" en Palacio Nacional es un ejemplo de ello. Mientras el Estado justifica estas invitaciones bajo una lógica de cercanía con la comunidad, la apertura de este espacio para personajes virales contrasta con las puertas cerradas que enfrentan problemáticas estructurales como la crisis de desapariciones.


Durante años, colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y madres buscadoras han solicitado espacios para visibilizar sus demandas y denunciar las múltiples deficiencias institucionales que enfrentan durante los procesos de búsqueda, pero pocas veces han tenido acceso a una exposición semejante dentro de un foro que se presume pertenece al pueblo mexicano.


La contradicción es evidente, mientras lo viral encuentra un lugar privilegiado dentro de la conversación pública, las crisis humanitarias permanecen relegadas a los márgenes del debate nacional.


Este hecho nos obliga a reflexionar sobre aquello que ocupa nuestra atención colectiva y sobre las narrativas a las que el poder decide nombrar y visibilizar, invitandonos a cuestionar el discurso gubernamental respecto a las desapariciones y el papel que desempeñan las instituciones del Estado dentro de esta crisis.


Con frecuencia, las cifras oficiales utilizan las carpetas de investigación como parámetro para medir la magnitud del problema. Sin embargo, esta metodología presenta importantes limitaciones. La tolerancia y omisión del Estado frente a las desapariciones han sido una constante dentro de los discursos nacionales sobre esta problemática. 


Además, la llamada cifra negra, es decir, los delitos que nunca son denunciados o registrados formalmente, alcanza aproximadamente el 93 %.  Bajo este panorama, utilizar únicamente las carpetas de investigación para dimensionar la crisis representa una lectura parcial de la realidad, minimizando una tragedia que afecta a miles de familias mexicanas.


Mariana Gurrola, integrante de la organización Fundar, señala que “el número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas”. Pretender validar únicamente una cifra reducida basada en los procesos burocráticos de las fiscalías significa ignorar las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia y su derecho a ser buscadas.


Bajo discursos que sostienen que en México ya no existen las desapariciones forzadas, se ha invisibilizado la lucha de los colectivos de búsqueda y se ha limitado su presencia en espacios públicos de discusión. En las mañaneras se rechaza constantemente que el gobierno sea indiferente ante la violencia que atraviesa al país, sin embargo, el Estado también es responsable cuando sus instituciones permiten que la impunidad prevalezca, cuando los procesos de investigación son ineficientes y cuando las familias deben asumir tareas que deberían corresponder a las autoridades.


La pregunta entonces no es por qué un pato llegó a Palacio Nacional, sino por qué, en un país con más de 134 mil personas desaparecidas, las voces de quienes buscan a sus seres queridos siguen encontrando más obstáculos para ser escuchadas que un fenómeno viral de internet.



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