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  • Foto del escritorLa Rata

El derecho a la ciudad podría ser incorporado en la constitución de SLP


Por: Karina Méndez


Por medio de una iniciativa, el diputado René Oyarvide Ibarra busca incorporar el derecho a la ciudad en al Constitución Política de San Luis Potosí, el cual se refiere al derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.


De acuerdo con la iniciativa, el promover una reforma sobre el derecho a la ciudad y elevarla a un rango constitucional es con el objetivo de garantizar ciudades libres de discriminación, inclusivas, igualitarias y con verdadera participación ciudadana.


Asimismo, se establece que este derecho recuerda la importancia de realizar la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana en el marco de los derechos humanos. Además de que su materialización requiere el respeto, protección y cumplimiento de todos los derechos humanos sin excepción.


“(...) destaca el derecho a construir una comunidad política local que garantice condiciones de vida adecuadas para todos y una buena convivencia entre todos sus habitantes y sus autoridades públicas”, se justifica en la iniciativa.

La iniciativa propone agregar los siguientes párrafos al artículo 7 de la Constitución del Estado:


“El Estado de San Luis Potosí garantizará el Derecho Humano a la Ciudad, entendiéndose como un derecho de las colectividades, con el cual se busca lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, participación democrática, respeto a la diversidad cultural, la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la justicia territorial; buscando que los grupos vulnerables y desfavorecidos logren su derecho.


El derecho a la ciudad se garantizará a través de instrumentos que observen las funciones social, política, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad, determinados por ordenamientos secundarios que prevean las disposiciones para su cumplimiento.


Toda persona tiene derecho a un buen gobierno, abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, incluyente y racional. El Estado promoverá y vigilará este derecho y la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento”.

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