Por: Patricia Calvillo
En 2023 un funcionario público de Ciudad Valles agredió desde las redes sociales a la periodista huasteca Blanca América González Blanco, creando cuentas falsas para amenazarla como fundamentó ante personal que integra el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de San Luis Potosí.
“Él asumió un cargo público, me acusó desde perfiles falsos de notas negativas, se metió con mi familia, con mi esposo, habló mal de mi en el plano personal e incitó a las agresiones y al odio en mi contra, yo lo denuncié”, recuerda América.
De niña, su interés por el periodismo le surgió al ver a los corresponsales de guerra en televisión. América quería andar entre las balas y el peligro, reportando lo que ocurría en esas naciones que no encontraban paz.
Nunca se imaginó que ese infierno se asemejaría a los tiempos que le tocaría vivir ejerciendo la profesión de la pluma; amenazas, desigualdad, maltrato, censura, indefensión ante las autoridades, se cuentan entre las violencias que ha enfrentado.
Ejercer el periodismo en México, considerado dentro de los países más riesgosos para los comunicadores. Aunque no estemos en guerra, aquí se ha dado la mayor cantidad de periodistas asesinados en el mundo, 150 del año 2000 al 2023, como lo afirma Reporteros Sin Fronteras.
En ese contexto, por alzar la voz en momentos de rispidez patriarcal y solidarizarse con otras que, como ella, un día soñaron informar desde las zonas de conflicto, se vio obligada a recurrir al Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de San Luis Potosí.
Denunciar una agresión, un calvario
América Blanco cuenta que fue un martirio demandar
“Yo tengo todo, las capturas de pantalla con todo lo que puso de mí en las redes sociales, puse mi queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la Fiscalía General del Estado (FGE), es lo peor que me ha pasado tener que entablar una denuncia. Es terrible que no haya un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia que somos parte de los medios de comunicación, él se metió conmigo en lo personal, incitó al odio en mi contra por mi trabajo, daba mis datos personales, me trató de afectar en lo laboral”.
Cuenta que desde la denuncia se generaron complicaciones
“Los errores comenzaron desde que me atendieron en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), porque pretendían hacerme cambiar el tipo de violencia que sufrí, que no fuera por ser periodista, ni violencia digital, porque era más fácil decir que era violencia de género, que no fui agredida por ejercer la libertad de expresión, querían que cambiara el tipo de violencia y me lo sugirió un titular de la oficina, no me asignaron un abogado, me cambiaron de abogado dos veces, no me dieron un correcto acompañamiento, claro que les dije que no, desde ahí esto fue un calvario”.
Durante dos semanas acudió diariamente a la FGE, donde no le armaban un expediente porque no había sistema
“En la tercera semana la abogada y el Ministerio Público me dijeron que me iban a hacer mi denuncia por tratar de coartar la libertad de expresión, prometieron llamar para tener una audiencia de conciliación, en la cuarta semana me llamaron para entregármela, y cuando llego me percato que cambiaron mi delito, no fue contra la libertad de expresión, tuve que conseguir un abogado particular y volver a ponerla”.
De frente a su agresor y la falta de protocolos con perspectiva de género
Otra agresión institucional sucedió cuando la encararon con su victimario para llegar a un acuerdo.
“Estuvo frente de mí, en la audiencia, yo dije que no quería conciliar con él y que le dieran vista a la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de una integrante de los medios de comunicación, para generar medidas de protección y de restricción contra este sujeto”.
Entre 2019 y 2022, doce personas originarias de San Luis Potosí fueron incorporadas y reciben medidas de protección ordenadas por el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 2 son mujeres y 10 son hombres, según se indica en el informe Estigmatización y Violencia contra Mujeres periodistas, elaborado por la organización Comunicación e Información para la Mujer (CIMAC).
América indica que recibió apoyo del Mecanismo estatal de protección, entre abril y diciembre de 2023, e indica que entre las soluciones que le fueron dadas se incluían medidas de protección por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y, además de esto, le notificaron al funcionario que la vulneró.
Pese a ello, América no fue incorporada al Mecanismo, ni se emitió en el pleno de ese órgano colegiado un plan de protección formal.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), envió un documento a la alcaldía de Ciudad Valles para solicitar que el funcionario público tomara cursos sobre violencia género y le brindaran medidas de protección a la comunicadora.
Ella misma ha corroborado que su agresor está asistiendo a estos cursos.
Reflexiona que hay despreocupación de las autoridades para que los comunicadores sepan cómo defenderse ante la violencia.
“No hay un protocolo real para nosotras, es una falacia, ¿cuántos somos amenazados? y no pasa nada, no hay una atención real, deberían dejar de hacer simulaciones, no les interesa protegernos, si así fuera, tendríamos otro funcionariado muy diferente”.
Obstaculizan a la mujer periodista
Podría decirse que el primer desafío que tuvo fue la incredulidad de su madre que decía “a América no la van a escoger, no va a poder con la reporteada” y el de su padre que no le dirigía la palabra porque no le gustaba esta arriesgada profesión que nació en la Antigua Grecia con Heródoto.
“Crecí con esa espinita de estar en los medios, mi mamá trabajó en El Diario de Valles, y El Sol de San Luis, siempre estuve entre el papel y la tinta. Mis abuelos prendían la radio, amanecíamos con las noticias y siempre dije, ‘lo mío va a ser eso’. Me tocó ver a los corresponsales de guerra y me emocionaba cuando narraban el peligro que los rodeaba”.
Con 21 años en los medios de comunicación es reconocida en la zona Huasteca; donde calcula que el 90 por ciento de los que ejercen esta profesión son mujeres. Ha transitado por la XHCV, Zunoticia, Regionvalles y Código San Luis y explica que el periodismo en la región es hostil y que ha sido testigo de casos y denuncias por acoso, censura e intimidación contra las reporteras.
Estas cuestiones son de entenderse cuando se sabe que este país es uno de los más peligrosos para las mujeres en la región de América Latina y el Caribe debido a los altos índices de feminicidios, con 948 casos registrados en 2020, un número solo superado por Brasil con 1,738, según se documenta en el texto Estigmatización y Violencia contra Mujeres Periodistas en México 2019-2022 elaborado por CIMAC.
El INEGI, por su parte, indica que el primer obstáculo para las comunicólogas es el ingreso a las empresas. A nivel nacional, de más de 44 mil 300 personas laborando en empresas de comunicación, el 71.4 por ciento son hombres y el 28.6 por ciento son mujeres; lo que refleja que sigue habiendo redacciones donde predomina la presencia (y liderazgo) de los varones.
En 2022, el Instituto Reuters difundió su reporte Mujeres y Liderazgo en los Medios Informativos, donde encontró que solo el 21 por ciento de los puestos jerárquicos de 240 medios de comunicación fueron ocupados por mujeres. En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que las desigualdades también se perciben en el salario, pues en general, las mujeres obtienen, en promedio, 33 por ciento menos ingresos que los hombres.
“En la Huasteca Norte, la mayoría somos mujeres periodistas, hay muy pocos hombres que se dedican a la información general, no es fácil porque aún prevalece el hombre en los cargos más importantes que creen que tienen una superioridad por encima de nosotras, no se acostumbran a que los increpe y cuestione, hay políticos que no toleran a una mujer que trabaja, que tiene un pensamiento fuerte para debatir con ellos”, señala América.
Más aún, según ONU Mujeres, en México las mujeres destinan 2.5 veces más tiempo a actividades laborales que los hombres, contribuyendo a la desigualdad estructural en las empresas.
“Periodistas que son madres solteras, de familia, divorciadas, te exigen un horario, que estés presente en eventos de tarde o de noche, hay quienes se traen a sus hijas e hijos porque no tienen dónde dejarlos y en su trabajo prefieren cuidar al reportero hombre. Entre nosotras cuidamos a las y los hijos de las compañeras; hemos creado alianzas para cuando no tienen quién cuide a sus hijos o a sus padres”, relata.
Cubrir la violencia, entre más violencia
Lo que ninguna debería enfrentar en su vida laboral es esta llamada que dejó helada a América en abril de 2019.
“Era el jefe de un grupo delictivo. Nunca supe cómo obtuvo mi número, me hacía referencia a una nota, empezó a decir, ‘sé quién eres’, tenía información personal, tuve que hacer a un lado el miedo y hacerle frente. Fue por un hecho delictivo en Ébano en la frontera con Tamaulipas. Le expliqué que había municipios que no cubría y recuerdo algo que nunca se me va a olvidar: ‘ah caray, entonces alguien me mintió, alguien la quiere perjudicar a usted’, cuando dijo esto, cambió completamente su actitud”, recuerda.
En otra ocasión, un reportero le advertía que se retirara de una zona donde había ocurrido una ejecución “no tienes nada que estar haciendo ahí”, le dijo. Las secuelas fueron un autoencierro de dos días.
Dice América que las formas de intimidación para impedir el libre acceso a la información pública han ido cambiando, primero las amenazas procedían de la clase política y luego de la delincuencia.
Recuerda que sufrió la persecución de un alcalde de Tanlajás “me mandó a seguir con una persona con machete”, recuerda. Otro en Tamuín le dijo a su Cabildo que mandaría una carta a la radio para exigir su cabeza “porque la reportera trae algo personal conmigo, voy a pedir su destitución a nombre del gobierno municipal”, ordenó aquel funcionario.
CIMAC sostiene, en su balance anual sobre violencia contra mujeres periodistas en 2023, que entre los ataques contra la libertad de expresión que sufren las periodistas, principalmente se encuentra el bloqueo informativo, con 30.50% de los casos, que incluye desde la negativa a otorgar una entrevista por parte de un funcionario, prohibirles el acceso a ciertos recintos, hasta ejercer fuerza física en su contra para que no puedan hacer transmisiones en vivo, tomar fotografías o difundir cualquier abuso de autoridad.
Sigue la intimidación, con 24.38% de los casos; las amenazas con 20.20 por ciento; y el hostigamiento con 19.03 por ciento. Estos ataques, al igual que el descrédito de la labor (21.12%) y las campañas de desprestigio (6.12%), se dan más en el espacio digital debido a la inmediatez y el anonimato que brindan y a la facilidad de acceder a las nuevas tecnologías de la información. Tal como le pasó a América.
Estos actos conllevan una carga misógina, sexista y patriarcal que tiene como propósito invalidar el profesionalismo, despojarlas de su credibilidad y enfocarse en su vida personal para perjudicarlas ante la sociedad, cuyos prejuicios y herencia machista contribuyen a restar valor al trabajo y desacreditarlas por sus roles de madres, hijas, parejas o hermanas más que por sus investigaciones. “Ha habido funcionarios que llaman a mi jefa para que me despidan”, dice América.
El perfil de los agresores de las periodistas también es abordado desde CIMAC que, tan solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, reporta tener el registro de 320 ataques contra comunicadoras, los cuales han sido principalmente perpetrados por funcionarios federales, estatales y municipales, lo que representa el 41.72% de los casos.
Los funcionarios estatales encabezan la lista de victimarios, siendo elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Ministerial quienes ejercen mayor violencia, seguidos por ediles y regidores.
La ciudadanía también comete agresiones, guiada por prejuicios sobre la labor informativa, al considerar que lejos de ser un pilar para la democracia, están sometidas a intereses particulares. Lo anterior resulta un 17.47% de los ataques en contra de las periodistas; la mayoría forman parte del entorno en que se realiza la cobertura, como residentes de la zona, comerciantes y manifestantes.
Las redes de apoyo, un salvavidas
En 2019 nació la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, (RMPSLP), donde América participa para ayudar a las periodistas que ven disminuida su voz
“Nos hemos visibilizado, hemos sido de gran ayuda, para poder canalizar a mis compañeras que a lo mejor han vivido hechos más graves de lo que he pasado, es un salvavidas para algunas de nosotras, porque hemos visto que la violencia se vive de diferentes formas, ojalá que no tuviéramos miedo de decir ya basta, esperando que algún día hagamos efecto en la función pública”.
Quienes la observan valiente, como sólo ella lo hace, se sienten representadas y así se lo han expresado, dice:
“Hay compañeras que me ven sin detenerme, les da mucho gusto y se emocionan. Nuestro trabajo sirve para todas las generaciones, para que no se queden calladas, el miedo ese de no regresar a casa es el que todas tenemos en esta profesión. No es fácil, pero tenemos que enseñarnos a defendernos, porque si no nos defendemos no vamos a disfrutar la vida, hay que demostrarle a los hombres que no les tenemos miedo y nos tenemos que defender nosotras solas, no es fácil pero hay que saberlo hacer”.
Este texto fue elaborado en el marco de la convocatoria “Voces en Riesgo: de hacer la historia, a ser la historia”, a través de la cual se convocó a mujeres periodistas, defensoras e interesadas en la promoción y difusión de los derechos humanos, a investigar y narrar historias sobre los riesgos, amenazas y violencias que enfrentan las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en el estado de San Luis Potosí.
Dicha convocatoria fue elaborada y promovida por Educación y Ciudadanía AC, como parte de las actividades del proyecto “Acciones para la seguridad y protección de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en SLP”, financiado por la Unión Europea, a través de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Centro de derechos humanos de las mujeres, A.C., y Consorcio OAX.
