Por: Redacción
Para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes en el estado, la LXIII Legislatura aprobó por unanimidad la reforma el artículo 31 en sus fracciones, V, y VI; y adiciona al mismo artículo 31 la fracción VII de la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes del Estado de San Luis Potosí.
Mediante esta reforma se armonizar el marco normativo legal para que la Fiscalía General del Estado (FGE), como integrante del Consejo Estatal de Migración y en el ámbito de sus atribuciones, realice los mecanismos jurídicos necesarios para lograr una eficaz persecución de los delitos en contra de migrantes.
Se indica en el dictamen que las y los migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador son los grupos originarios más afectados en términos de incidencia delictiva, pues de ellos se contabilizó alrededor del 80 por ciento como víctimas de los delitos reportados.
El agresión más recurrente que sufren las personas migrantes es el robo, al cual le siguen el tráfico ilícito de personas y el secuestro, por lo que muestra la necesidad de protección que enfrentan las personas migrantes que transitan por el país.
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