Colectiva Todes Trans cuestiona mensaje institucional tras invitación del Ayuntamiento de SLP a Cayetana Álvarez de Toledo al 8M

La organización Colectiva Todes Trans SLP emitió un pronunciamiento público en el que cuestiona la participación de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo en actividades conmemorativas del 8 de marzo organizadas por el Gobierno Municipal de San Luis Potosí.

En el documento fechado este 26 de febrero, la colectiva señala que el 8M “no es una fecha ornamental ni un espacio protocolario”, sino una jornada de memoria y exigencia frente a las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y disidencias sexo-genéricas.

El posicionamiento sostiene que la invitación de la legisladora no puede considerarse una decisión neutral, al argumentar que su trayectoria pública se ha caracterizado por críticas al enfoque denominado “identitario”, término bajo el cual —afirman— agrupa a movimientos feministas y LGBTIQ+.

Según la colectiva, ese enfoque ha sido clave para el reconocimiento jurídico de desigualdades estructurales basadas en sexo, género, orientación sexual e identidad de género, y constituye el sustento de diversos avances normativos en materia de derechos humanos.

El documento también refiere que la diputada ha enmarcado las agendas de igualdad y diversidad dentro de una “batalla cultural”, lo que, a juicio de la organización, traslada el debate del ámbito de derechos humanos hacia una lógica de polarización política.

Asimismo, critican la ridiculización del lenguaje inclusivo como estrategia discursiva, al considerar que dicha postura debilita herramientas simbólicas de reconocimiento para identidades históricamente marginadas.

La colectiva subraya que el principio de igualdad sustantiva, reconocido en el derecho internacional, obliga a los Estados no solo a garantizar igualdad formal ante la ley, sino a adoptar medidas específicas para remover obstáculos estructurales que impiden el ejercicio efectivo de derechos.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades municipales para que los espacios institucionales sean coherentes con el paradigma de derechos humanos y con los principios de progresividad y no regresividad.

“La igualdad sustantiva no es una concesión ideológica ni una agenda circunstancial. Es una obligación jurídica y un compromiso democrático que no admite retrocesos”, concluye el pronunciamiento.