• La Rata

Agresiones e impunidad, requisitos para ejercer periodismo en México.



“A la escritura desde el corazón no la silencian los balazos” César Ramos, periodismo escrito con sangre.



De acuerdo con el informe anual de 2017, de la organización Articulo 19 “Democracia simulada, nada que aplaudir”, México sigue coronándose como el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, ya que tan solo en 2017 se registraron 507 agresiones y 12 asesinatos de periodistas, mientras que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo 1 mil 986 agresiones contra periodistas.


Para 2018, acorde con la información emitida por Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 en México y Centro América, en México se registraron 9 asesinatos y más de 300 agresiones a periodistas.


De los 12 asesinatos registrados durante 2017, uno corresponde al foto periodista  Edgar Daniel Esqueda, asesinado en San Luis Potosí, mismo que fue hallado el 6 de octubre de 2017 cerca de las vías del tren rumbo al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de la entidad potosina, maniatado y con signos de tortura.


Desde 2017, con el asesinato de Edgar Daniel Esqueda, San Luis Potosí se colocó como uno de los estados de la República Mexicana de alto riesgo para el ejercicio periodístico, ya que a más de este caso, en dicho año también se registraron 16 agresiones.


“Además, estados como Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México y Quintana Roo tuvieron un aumento drástico de agresiones. En años anteriores, se les consideraba lugares relativamente tranquilos para la cobertura periodística. En la actualidad, han pasado a formar parte de las entidades de alto riesgo para el ejercicio periodístico”, según la información publicada en en el informe de Artículo 19.


Las agresiones en el estado de San Luis Potosí en 2018, fueron en aumento al presentarse 9 agresiones más que las 16 registradas en 2017, es decir, en 2018 se presentaron 25 agresiones, de acuerdo con la cifra que el área de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado informó en mayo del mismo año.


No obstante el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, Jorge Andrés López Espinoza, indicó hace unos días que la CEDH de San Luis Potosí cuenta con más de 25 quejas correspondientes a agresiones a periodistas.


La alcantarilla se dio a la tarea de entrevistar a 4 periodistas potosinos que han sido agredidos durante el ejercicio de sus labores por parte de funcionarios públicos; los cuales coincidieron en que una agresión por más mínima o sutil que pudiera ser no se debe dejar pasar por alto, ya que puede dar pie a otro tipo de agresiones o incluso atentar contra su vida.


Leticia es una reportera joven, audaz y crítica que a pesar de siempre estar acompañada a la hora de hacer una cobertura en dos ocaciones se ha visto limitada para ejercer el periodismo por agresiones emitidas por funcionarios públicos.


De acuerdo a lo relatado en entrevista para La alcantarilla, la primera vez que intentaron callarla por realizar su trabajo fue por parte del titular de comunicación social de una funcionaria pública, quien le pidió que omitiera cierta información de la nota que estaba redactando. Mientras que en la segunda ocasión la agresión pasó a ser física.


A Leticia ese día le tocó cubrir la fuente de gobierno estatal, y al momento de intentar abordar al gobernador para realizar su pregunta, los trabajadores del área de comunicación social de Gobierno del Estado de San Luis Potosí la retuvieron a ella y a una de sus compañeras para que evitaran cuestionar al mandatario Juan Manuel Carreras López.


“Estábamos un grupo de reporteros esperando a que llegara el gobernador y cuando intentamos abordarlo, su equipo de comunicación nos sujeta a una compañera y a mí de los brazos, no fue tal la fuerza para dejarme marcas o moretones pero es también es una agresión física. En esa ocasión, después, yo tenía como un poco de temor, tenía temor a que otra vez volviera a pasar eso” expresó.


El 10 de septiembre de 2018, Jose Luis también fue agredido en Palacio de Gobierno, mientras esperaba al gobernador del estado de San Luis Potosí. La agresión en este caso fue directamente contra el equipo de trabajo con el que todos los días “reportea”, ya que al tratar de realizar su entrevista el mandatario estatal le arrebató el teléfono con el que grababa y se lo entregó a su equipo de trabajo.


“Fue por parte de un alto funcionario del gobierno del estado, le solicité una entrevista, en un principio me dijo que no, después proseguí a “seguirlo”, no le pareció y me arrancó el teléfono de las manos y paró el audio, después le dio el teléfono a sus trabajadores y les comentó que me lo dieran hasta después de que él se fuera de donde estaba” relató.


Ante dichas acciones, el medio de comunicación para el que José Luis labora emitió como principal la nota de la agresión, por lo que Articulo 19 se comunicó con él para recomendarle que se alejara por un tiempo de la fuente y no se moviera más el asunto, en lo que se le pudiera bajar el enojo al funcionario, de acuerdo con lo contado por el propio periodista.


Respecto a las principales formas de agresión a periodistas, las observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU, sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH de 2017, indicó que los ataques físicos son la forma más común de agresión, aunque también predominan la intimidación, estigmatización, ataques digitales, acoso en medios sociales y vigilancia secreta.


Otro caso similar es el de Francisco, quién optó por contar el ataque menos fuerte que ha tenido que vivir, según sus palabras, el suceso menor de toda la violencia que ha recibido como parte del ejercicio periodístico que realiza en San Luis Potosí, fue el reclamo de un funcionario de la Secretaría de Cultura por una nota que había publicado, “dándome de empujones además de usar palabras altisonantes me insistía mucho en que el contenido era erróneo, a pesar de que esa información había sido confirmada por su superior”.


Indicó que es de su conocimiento que a algunos de sus compañeros les han marcado a sus teléfonos particulares para amenazarlos, diciendo que cuenta con la información del lugar en donde viven o quién es su familia para evitar que sigan informando respecto a algún tema en especifico; como en el caso de Daniel Esqueda, que fue compañero de trabajo de Francisco, antes de que el foto periodista fuera asesinado.


“Eramos compañeros para un medio de comunicación para el cual sigo laborando, hace un año desapareció un jueves y al día siguiente aparece asesinado, la cercanía que tenía con él desde luego impactaron hacia mi persona, y no solamente hacia mi persona sino también en lo profesional, porque lo veíamos como una persona centrada que se dedicaba de lleno a cumplir con su  trabajo (…) La manera en la que terminó el caso y que hasta ahora no ha habido resultados, la familia sigue siendo hostigada por parte de funcionarios públicos y pues nada, pareciera entonces que todas estas situaciones quedarán impunes y que por lo tanto los periodistas estamos vulnerables” puntualizó.


Pepe es periodista desde hace varios años, durante la entrevista indicó que en San Luis Potosí solo ha tenido amenazas veladas, como la que recibió por parte del vocero del Frente de Comerciantes Unidos, Juan Antonio Rodríguez Chessani, quien en conferencia de prensa tras ser cuestionado por Pepe lo acuso de mercenario, “me agredió  directamente, me acusó, me difamó y prácticamente fue una amenaza velada, afortunadamente fuera de esa situación aquí ya no he vivido esa parte”.


Sin embrago, mencionó que hace algunos años tuvo que salir de Guerrero en calidad de desplazado debido a que cuando cubría para los medios de comunicación El Sur, periódico local de Guerrero y Milenio, como corresponsal en dicho estado recibió amenazas por parte del crimen organizado.


“Hace unos años yo trabajaba para el diario Milenio, concretamente como corresponsal en el estado de Guerrero, recibí algunas amenazas y tuve que salir y estar huyendo, o escondiéndome cerca de dos años (…) fue una situación muy dolorosa porque la condición de desplazado tiene esas características, debes ocultarte, estar en el anonimato, no tienes nombre, no tienes rostro y lo más fuerte  es que te tienes que alejar de tus seres queridos” mencionó.


La Comisión Nacional de Derechos Humanos contempla que el 90 por ciento de los delitos contra periodistas, incluyendo los homicidios, han quedado impunes. Solo uno de cada diez casos de agresiones han recibido una sentencia.


Para la realización de este reportaje varios periodistas de a pie de San Luis Potosí, prefirieron no participar debido a que algunos llevan un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en atención a los casos de agresión en su contra y en otros casos prefirieron no relatar las agresiones que han vivido. De los 4 entrevistados solamente uno de ellos realizó formalmente una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que sea investigado el suceso.



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